Son muchos los que, ante la falta de ayudas económicas o ante la tardanza en recibirlas, comienzan -con justificación -a denunciar la angustia de la espera que desespera. Y, ante la misma desesperación, también empiezan a clamar -aunque no lo prefieran- por la reactivación de la actividad económica. El binomio compuesto, por un lado, por la responsabilidad con el cumplimiento de las medidas necesarias de aislamiento físico, y por otro lado, por el sentido de urgencia de volver a generar ingresos para sostener la propia existencia, parecería ser la combinación perfecta para colocarnos en un catch 22. Esto es, si transgredimos las normas de distanciamiento físico para generar ingresos exponemos la propia vida, y si cumplimos con ellas y por ello no generamos ingresos, también nos condenamos a la muerte.
Esta es la disyuntiva de la cual, hasta ahora, el gobierno no ha sabido librarnos. Sin embargo, todavía está a tiempo para hacerlo. ¿Qué puede hacer para no llevarnos borde del abismo sin paracaídas? Pues, utilizar los $9 mil millones reservados para el pago de la deuda de los bonos generales, para ayudar a los empresarios, sus empleados, y a toda persona que no devengue ingresos. Esto, hasta que podamos realizar pruebas masivas, tengamos un sistema eficiente de rastreo para identificar focos de contagio, podamos confiar en los datos y haya un patrón confiable de disminución y control de la propagación del virus.
También sería conveniente aumentar la capacidad de cuidado intensivo. Mientras estas condiciones no estén presentes, cualquier intento de flexibilizar las medidas de aislamiento físico estará cimentado sobre la especulación. Así pues, el debate no estriba en si se deben o no flexibilizar dichas medidas en algún momento, sino cuándo y cómo; porque es lógico que el cierre no puede ser permanente.
Ahora bien, difícilmente el augurio para la vida será positivo si se le da paso al relajamiento de las medidas de aislamiento físico, como resultado exclusivo de la desesperación a la que hemos sido inducidos innecesariamente. Esto, ante la ineficiencia en la distribución de ayudas y al priorizarse el pago de una deuda sobre la necesidad urgente e inmediata de las personas.
Teniendo $9 mil millones guardados, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal no tienen justificación moral alguna para jugar a la suerte con la vida de los demás, mientras no tengamos el andamiaje salubrista adecuado para que la flexibilización de las medidas de aislamiento físico se haga de forma pensada, organizada y responsable.
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