Portavoces de la delegación legislativa de Proyecto Dignidad en la Asamblea Legislativa demandan al Gobernador de Puerto Rico
11 de marzo de 2021, San Juan, Puerto Rico– En la mañana de hoy, la Senadora Joanne Rodríguez Veve y la Representante Lisie J. Burgos Muñiz, Portavoces de la delegación legislativa de Proyecto Dignidad en el Senado y la Cámara, respectivamente, han dado un paso al frente en la defensa de las facultades legislativas frente al poder ejecutivo. Ambas, en su carácter oficial, han presentado una solicitud de Injunction Preliminar y Permanente ante la Tribunal de Primera Instancia de San Juan, impugnando las disposiciones de las órdenes ejecutivas OE-2020-078 y OE-2021-013, que buscan poner en vigor, la educación con perspectiva de género a través de todo el sistema educativo público en Puerto Rico, por medio del programa experimental de escuelas coeducativas.
La demanda cuestiona que el Gobernador tenga la facultad de ampliar, a través de una orden ejecutiva, el currículo experimental de las escuelas coeducativas a todas las escuelas del Departamento de Educación. Esto, cuando la Ley 62-2017 estableció un proceso claro de implementación y evaluación mediante el cual se dispuso, entre otros requisitos, que el Departamento de Educación tenía la obligación de realizar una evaluación de la efectividad del Proyecto Piloto y presentar, ante la Asamblea Legislativa, sus hallazgos y recomendaciones sobre los pasos para modificar y/o ampliar el mismo; lo que no se hizo.
Lo dispuesto en la Ley tiene el propósito de que la Asamblea Legislativa sea la institución llamada a tomar conocimiento de la información, hallazgos y recomendaciones provistos por el Departamento de Educación, y determinar el futuro de las escuelas coeducativas en Puerto Rico. La Ley no le otorga a la oficina del Gobernador el poder de recibir y evaluar los hallazgos de la implementación del plan piloto, ni de modificar o ampliar dicho proyecto.
Así pues, “el Ejecutivo no solo está actuando contrario a la ley y obviado sus responsabilidades al amparo de un estatuto vigente, sino que, además, mediante la implementación de lo dispuesto en las órdenes ejecutiva 2020-078 y 2021-013, está usurpando las prerrogativas de la Asamblea Legislativa de evaluar el cumplimiento y efectividad del programa experimental de las escuelas coeducativas y de emitir una decisión sobre su futuro.
