Luego de que trascendiera la noticia de la joven madre acusada de “abandonar” a su bebé recién nacido, contra quien ya se archivaron los cargos en su contra, la senadora Joanne Rodríguez Veve presentará hoy dos medidas dirigidas a fiscalizar la ejecución de los mecanismos de entrega voluntaria y refugio seguro al amparo de la Ley 61-2018.
Se trata de una resolución investigativa y una resolución con la que se ordena a WIPR-TV a realizar una campaña educativa sobre las opciones de entrega voluntaria.
Estos mecanismos permiten a padres biológicos entregar a sus hijos de 0 a 3 años en los lugares designados por el gobierno y sin ser acusados de abandono. Estos lugares son: hospitales públicos o privados, estación de bomberos, dependencia policiaca municipal o estatal, iglesias, dependencias del Departamento de Familia, cualquier facilidad de hogar sustituto reconocido por el Departamento de la Familia o una agencia de adopción acogida a estos programas, indicó la legisladora en declaraciones escritas.
“La noticia de la joven madre acusada de “abandono” revela la necesidad de educar sobre la opción de entrega voluntaria y refugio seguro, mecanismos que reconoce el gobierno y que permite que los padres no sean acusados por el Estado cuando no puedan asumir la maternidad y paternidad. Asimismo, es un mecanismo que les permite ofrecerle a sus hijos biológicos la oportunidad de ser amados y cuidados por una familia que desee adoptarlos. Como expresé desde el primer momento, presumo que, si esta madre hubiese sabido sobre la opción de entrega voluntaria, hoy no estaría, lamentable e innecesariamente, siendo enjuiciada por el lente público y las autoridades. Desde la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, seguiremos trabajando para visibilizar todas las opciones y mecanismos que promuevan la adopción, incluyendo la entrega por amor”, puntualizó la portavoz de Proyecto Dignidad.
El pasado 13 de octubre de 2021, la senadora Rodríguez Veve presentó el Proyecto del Senado 640, que enmienda los mecanismos de “acuerdo de adopción voluntaria durante el embarazo” y “entrega voluntaria”, de manera que, desde los 18 años -actualmente es desde los 21 años- se reconozca la capacidad jurídica de las madres y padres para actuar al amparo de estos mecanismos.
“Sin duda, nuestra legislación debe ser consistente, y si le otorga a una menor de 18 años la capacidad de decidir practicarse un aborto sin la intervención de sus padres, tutores o encargados, esa misma menor debe tener la capacidad legal plena para tomar la determinación de salvaguardar la vida de su bebé y entregarlo voluntariamente, una vez nazca, al amparo de la Ley de Adopción de Puerto Rico”, expuso Rodríguez Veve.
De acuerdo con la Ley 61-2018 y su Reglamento 9062, se le requiere a toda institución donde se llevan a cabo terminaciones de embarazos en Puerto Rico que, cuando una mujer acuda a dicha institución con el propósito de terminar su embarazo, esta sea referida a un trabajador social o a un profesional de la salud para que se le oriente sobre la alternativa de dar su hijo en adopción y certificar que, en efecto, dicha orientación se llevó a cabo. Lo anterior requiere que estas instituciones, y cualquier otra institución que interviene en procesos de entrega voluntaria, acuerdos de adopción y refugio seguro al amparo de la Ley 61-2018, estén entrenados y tengan todo el conocimiento necesario para orientar y dirigir a una mujer embarazada a través de estos procesos de esta así desearlo.
“Le corresponde a la Asamblea Legislativa continuar creando oportunidades para que las mujeres que pasen por un embarazo no deseado o esperado conozcan las alternativas de entrega voluntaria, acuerdos de adopción durante el embarazo y refugio seguro para que puedan optar por salvaguardar la vida de sus hijos por nacer y brindarles la oportunidad de contar con el amor y el afecto de una familia que desee adoptarlos”, expresó Joanne Rodríguez Veve.
