(4 de marzo de 2022, San Juan, Puerto Rico) – En la tarde de hoy la Cámara de Representantes presentó ante el Tribunal de Primer Instancia una solicitud de intervención y demanda en relación con el caso presentado el 15 de febrero de 2022, por la senadora Joanne M. Rodríguez Veve y la representante Lisie J. Burgos Muñiz contra el Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia por violación a la separación de poderes.
La Cámara de Representantes se unió, en esencia, a los argumentos de la demanda original de las portavoces de Proyecto Dignidad. En su demanda de intervención reconoce que las ordenes ejecutivas emitidas al amparo de la Ley 20-2017 en tanto y en cuanto gobiernan sobre la conducta de los ciudadanos privados, constituye un ejercicio de poder reservado exclusivamente para la asamblea legislativa, y por ende violenta la separación de poderes.
Aunque la Cámara de Representantes, distinto a las legisladoras demandantes, entiende que el Gobernador tiene la potestad de establecer mandatos sobre la obligatoriedad de la vacuna del COVID 19, sí reconoce que el resto las medidas que se han impuesto a personas privadas carecen de autorización legislativa y, por ende, exceden el marco de acción de la orden ejecutiva.
La demanda de intervención añade que “Los pasados dos gobernadores han optado por ignorar el régimen estatutario antes descrito y en lugar de ello han optado por convertirse en una especie de “zar de la pandemia”, creando una serie de reglas ad hoc sobre múltiples aspectos del quehacer diario del País que procuraban regular tanto al gobierno como a la empresa privada.”
Así, entiende la Cámara de Representantes, al igual que las legisladoras demandantes, que cada vez que el Gobernador pretende regular un aspecto de la vida diaria mediante orden ejecutiva fuera del marco estatutario, este usurpa la prerrogativa principal del Poder Legislativo.
Esta acción por parte de la Cámara de Representantes solidifica el reclamo original de la senadora Rodríguez Veve y la representante Burgos Muñiz.
