Irse por encima del veto del gobernador Ricardo Rosselló Nevares al Proyecto del Senado 950 sobre el aborto, es actuar con razonabilidad.
Hay que subrayar que dicho proyecto no busca prohibir el aborto, sino regularlo. Que no es lo mismo ni se escribe igual. De hecho, la gran mayoría de los estados de Estados Unidos, desde donde se nos impone el reconocimiento del aborto como un derecho, han regulado esta práctica. Y lo han hecho con medidas, incluso, mucho más exigentes que las que se proponen en elProyecto 950. Así lo han hecho porque reconocen que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto y entienden que proteger la vida y salud de la madre gestante, así como la del niño por nacer, son intereses apremiantes del Estado.
Y es que, en medio de la vorágine ideológica polarizada que puede generar el debate de este tema, no se puede olvidar que el aborto es un procedimiento médico que puede acarrear serias consecuencias para la salud física y psicológica de una mujer.
Por lo tanto, como madre responsable, creo que es razonable que se exija mi consentimiento bajo el supuesto de que una hija quiera procurarse un aborto.
Como mujer, creo que es razonable que quien vaya a abortar lo haga luego de ser informada debida y cabalmente sobre el procedimiento y sus posibles implicaciones. Creo, como ciudadana, que ante la imposibilidad jurídica de prohibir el aborto, le corresponde al estado garantizar las mejores medidas de control de seguridad y salud de las instalaciones donde se llevan a cabo estos procedimientos.
Entre las objeciones presentadas al Proyecto del Senado 950, se ha planteado que la medida podría llevar a las menores a practicarse abortos de forma ilegal en clínicas clandestinas y que el requisito del consentimiento sería conflictivo en el caso de que la menor sea violada por su propio padre.
Sobre el primer argumento, pienso que el miedo a que los menores lleven a cabo prácticas ilegales, no debe ser la justificaciónpara no legislar a favor del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos. De lo contario, y bajo esta misma lógica, sellegaría al absurdo de plantear legalizar toda práctica dañina a la que estén expuestos nuestros hijos con el fin de que, al menos, lo hagan legalmente.
Por otro lado, sobre el segundo argumento, lo primero que hay que reconocer es que se trata de una situación trágica. No obstante, el delito de unos pocos no puede ser la razón para no actuar con razonabilidad y en beneficio de la mayoría. La mayoría somos los padres y madres responsables y nuestros hijos,sobre quienes nos corresponde el derecho fundamental a educarlos y guiarlos. Le llegó el momento al Senado de defendernos.
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